dimecres, 19 de desembre del 2007

"Zapatero rectifica y dice que no piensa cambiar la ley del aborto"

Madrid. (Agencias).- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha rectificado su posición de reformar la ley del aborto en la próxima legislatura y limitó la propuesta del PSOE a una invitación a reflexionar sobre la necesidad de cambiar esta norma. Durante una conversación informal con periodistas en el Palacio de la Moncloa, Zapatero detalló que el programa electoral del PSOE no recogerá medidas concretas para esta reforma, aunque sí habrá una alusión a la conveniencia de analizar si la regulación actual está incumpliendo su función o es necesario adoptar nuevas medidas. (La Vanguardia, 18/12/07).



Es curioso porque aquí en México uno de los hechos más importantes de estos últimos meses (y de los que vendrán) es la despenalización del aborto en el DF, y la lucha por extender este derecho básico de las mujeres a toda la república méxicana. Desde aquí hemos podido seguir más o menos las recientes detenciones de médicos que practicaban "abortos ilegales" en el Estado español. La legislación española en materia de aborto es completamente HIPÓCRITA. Las razones por las cuales una mujer puede abortar hoy en el Estado español son 3: malformación del fetus, violación y peligro para la salud física o psicológica de la mujer. La mayoría de mujeres (el 96,68% en 2005*) abortan a partir de esta última cláusula (salud psicológica), con el efecto perverso de tener que declararse "medio locas" para poder tener acceso a una interrupción del embarazo; siendo además el médico y no la mujer quien tiene la última palabra sobre la práctica de éste o no. Y de todas las mujeres que abortan, en 2005 el 97,07%* lo hacen en clínicas privadas. Es decir, el Estado "se ahorra" liberalizar completamente el aborto porque esto significaría dar cobertura pública a este derecho (es decir, invertir pasta). Hay un vacío legal enorme entre las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE, según las 3 cláusulas) y las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) realmente practicadas, siempre con cheque en la mano y sin ningún tipo de cobertura de la seguridad social. Las IVE representan hoy en el Estado español fuente de beneficios privados, exactamente lo contrario que debería ser la práctica de una IVE: gratuïta, conocida y accesible.
El aborto se despenalizó parcialmente en el Estado español con la ley orgánica del 5 de julio de 1985 (modificación del artículo 417 bis del Código Penal), después de importantes luchas del movimiento feminista por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Eslogans como “Anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir” o “Oh Virgen Maria! Tú que pudiste tenerlo sin hacerlo, haz que podamos hacerlo sin tenerlo!” son significativos de esa época. En 1986, la ley española intentó regular esta práctica dando acreditaciones a diferentes clínicas privadas. Así, las IVE deben ser notificadas por el médico responsable a la autoridad competente de la comunidad autónoma, quien a su vez debe también informar la dirección general de salud pública del Ministerio de Salud y Consumo.
Desde entonces no ha habido ningún avance sobre este derecho fundamental, aunque el mismo PSOE prometió (antes de ganar las elecciones en marzo 2004) que reformaría la ley sobre el aborto. En septiembre 2004, ERC, IU y BNG hicieron una propuesta de ley para liberalizar el derecho al aborto, es decir, eliminar las actuales tres condiciones para interrumpir el embarazo, y que esto fuera solamente la libre decisión de la mujer (siempre con la condición del límite temporal para poder abortar, 14 semanas). El PSOE se opuso, alegando que esta reforma sería objeto de la siguiente legislatura, mostrándonos sus falsas propuestas meramente electoralistas (fáciles de fórmular cuando ni ellos mismos se pensaban que iban a ganar las elecciones).
Debe de ser que el PSOE no se atreve aún a encarar las presiones de la Iglésia católica y de los grupos fundamentalistas "pro-vida" (no pro-vida de las mujeres, evidentemente) y aún menos de invertir dinero para que el Estado social cubra este derecho. ¿Porqué cambiar al ley si la práctica social permite tener acceso -seimpre pagando- a una interrupción del embarazo? Quizás porque en la sociedad española aún está muy vigente esta pretensión patriarcal segun la cual son los padres, los maridos, los curas o los abogados; o aun peor, los médicos, quienes pueden y deben tomar la decisión en lugar de la mujer, quien es la afectada directamente en su vida personal...??
NOSALTRES PARIM, NOSALTRES DECIDIM!!
* Las cifras son del Instituto Nacional de Estadística