España: injerencias no explicadas
Tras la agitación en la clausura de la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, en la que el rey de España, Juan Carlos de Borbón, intentó callar con malas maneras al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es preciso ir más allá de los encontronazos verbales y ver que detrás de ellos hay un redimensionamiento inexorable de la presencia española –política, diplomática y económica– en nuestro hemisferio.
El avance de la integración española a la Europa comunitaria y la llegada de los posfranquistas del Partido Popular (PP) a La Moncloa implicó un realineamiento de la percepción de Latinoamérica en los órganos del Estado español. Desaparecieron los matices que diferenciaban a Madrid de Washington y los países de este hemisferio dejaron de ser vistos como parte de un universo idiomático y cultural común para ser considerados mercados, en los cuales era preciso aplicar las normas de rapiña y depredación características del modelo globalizador en curso. La rapacidad de las grandes corporaciones peninsulares –especialmente las que tienen intereses en los sectores hídricos y energéticos– les ha generado conflictos de diversos grados con gobiernos de Argentina, Bolivia y con las sociedades de casi todos los países en los que tienen presencia.
Ante el surgimiento de gobiernos latinoamericanos con propuestas económicas alternativas al Consenso de Washington y con políticas exteriores independientes, el gobierno que encabezaba José María Aznar emprendió una política de abierta injerencia para favorecer a las fuerzas derechistas de este lado del Atlántico. Ayer Chávez recordó que el gobierno de Aznar participó en la conjura que desembocó en el fallido golpe de Estado de 2002, que por un par de días alejó al presidente venezolano del poder. El ex jefe del gobierno español buscó, además, inducir a varios países latinoamericanos –con especial énfasis México y Chile– a la catastrófica y criminal aventura bélica de Estados Unidos en Irak (y antes en Afganistán), faltando con ello al elemental respeto a las soberanías nacionales y a las facultades exclusivas de cada país de fijar su política exterior.
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Tras la agitación en la clausura de la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, en la que el rey de España, Juan Carlos de Borbón, intentó callar con malas maneras al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es preciso ir más allá de los encontronazos verbales y ver que detrás de ellos hay un redimensionamiento inexorable de la presencia española –política, diplomática y económica– en nuestro hemisferio.
El avance de la integración española a la Europa comunitaria y la llegada de los posfranquistas del Partido Popular (PP) a La Moncloa implicó un realineamiento de la percepción de Latinoamérica en los órganos del Estado español. Desaparecieron los matices que diferenciaban a Madrid de Washington y los países de este hemisferio dejaron de ser vistos como parte de un universo idiomático y cultural común para ser considerados mercados, en los cuales era preciso aplicar las normas de rapiña y depredación características del modelo globalizador en curso. La rapacidad de las grandes corporaciones peninsulares –especialmente las que tienen intereses en los sectores hídricos y energéticos– les ha generado conflictos de diversos grados con gobiernos de Argentina, Bolivia y con las sociedades de casi todos los países en los que tienen presencia.
Ante el surgimiento de gobiernos latinoamericanos con propuestas económicas alternativas al Consenso de Washington y con políticas exteriores independientes, el gobierno que encabezaba José María Aznar emprendió una política de abierta injerencia para favorecer a las fuerzas derechistas de este lado del Atlántico. Ayer Chávez recordó que el gobierno de Aznar participó en la conjura que desembocó en el fallido golpe de Estado de 2002, que por un par de días alejó al presidente venezolano del poder. El ex jefe del gobierno español buscó, además, inducir a varios países latinoamericanos –con especial énfasis México y Chile– a la catastrófica y criminal aventura bélica de Estados Unidos en Irak (y antes en Afganistán), faltando con ello al elemental respeto a las soberanías nacionales y a las facultades exclusivas de cada país de fijar su política exterior.
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